Veeduría ciudadana en la contratación estatal desde la Constitución Política de 1991
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2019-08-15
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
Desde la entrada en vigencia de la constitución política de 1991 se dio un cambio significativo en el modelo de estado colombiano, en el cual pasó de un estado de derecho a un estado social de derecho, por este motivo la soberanía comienza a recaer en la ciudadanía como lo dicta la carta política. Con este cambio sustancial los colombianos tienen el derecho de ejercer control y vigilancia a las instituciones estatales para verificar y corroborar que las entidades de carácter público cumplan con las funciones establecidas en la carta política y la legislación.
Dada las facultades por la norma constitucional, uno de los focos mas grandes de corrupción en el país es la proveniente de la contratación estatal que ejercen las entidades públicas y que está regulada por la ley 80 de 1993, dicha ley le otorga facultades a los entes de control oficiales (Fiscalía,Ministerio público,Contralorías) para ejercer inspección y vigilancia, facultad que también es otorgada a los ciudadanos. Por lo mencionado anteriormente se ha desarrollado una figura en el derecho colombiano llamada veeduría ciudadana, la cual se va a observar su desarrollo histórico y marco normativo para la actuación de las veedurías ciudadanas en la administración pública colombiana en el siguiente artículo de investigación.
Una vez establecidas las facultades de las entidades de control ciudadano, se observa de manera propositiva como se pueden generar maniobras efectivas en el control de los procesos de contratación estatal y como las entidades de control fiscal, administrativo y penal pueden ayudar a la comunidad en formación y capacitación para que su función sea totalmente eficaz y al final todas las etapas de la contratación estatal se vea una inversión correcta de los recursos públicos.
Abstract
Since the entry into force of the 1991 political constitution there was a significant change in the Colombian state model, in which it passed from a state of law to a social state of law, for this reason sovereignty begins to fall into citizenship as the political letter dictates. With this change, Colombians have the right to exercise control and surveillance of the institutions established to verify and corroborate public entities that comply with the functions established in the political charter and legislation.
Given the powers by the constitutional norm, one of the biggest foci of corruption in the country is that coming from the state contracting that public entities exercise and that is regulated by Law 80 of 1993, said law grants powers to the entities of official control (Prosecutor's Office, Public Ministry, Comptrollers) to exercise inspection and surveillance, which is also granted to citizens. For the aforementioned, a figure in Colombian law called citizen oversight has been developed, which will observe its historical development and regulatory framework for the performance of citizen oversight in the Colombian public administration in the following research article.
Once the powers of the citizen control entities have been established, it is possible to observe how effective maneuvers can be generated in the control of the state contracting processes and how the fiscal, administrative and criminal control entities can help the community in formation and training so that its function is totally effective and in the end all stages of state contracting see a correct investment of public resources.
Idioma
spa
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Citación
Murillo Palacios, C. J. (2019). Veeduría ciudadana en la contratación estatal desde la constitución política de 1991 . Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás.
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