La medida de aseguramiento intramural en el derecho penal Colombiano. Implicaciones en el hacinamiento carcelario.
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2022-09-29
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
Pese al reconocimiento de la excepcionalidad de la aplicación de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centros carcelarios, más se ha convertido en una imposición de carácter regular, casi que ahora se entiende como una regla que por su aplicación indiscriminada ha venido afectando las garantías procesales delimitadas en la Constitución Política, cuya finalidad es la protección del derecho a la libertad (entendida como garantía fundamental), sin dejar del lado la garantía del debido proceso sin dilaciones no justificables.
La consecuencia de la aplicación indiscriminada de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, con el único pretexto de garantizar la comparecencia del sujeto procesado a las diferentes audiencias del proceso penal, por la permanencia del medio de prueba o por la protección de la comunidad, genera una trasgresión visible a las limitaciones legales y constitucionales en cuanto a la aplicación de las medidas cautelares naturales del proceso penal, conllevando con ello a una aplicación discrecional por parte del respectivo Juez de Control de Garantías, situación que agrava el padecimiento generado por el hacinamiento carcelario que sufre la república de Colombia.
Esta situación no solo suprime garantías fundamentales para los procesados (pues se habla de medidas de aseguramiento), sino además, de fondo contradice los postulados naturales de la medida de aseguramiento preventiva, la cual no está exenta de límites tal y como lo sostiene Castro Martínez (2015, p. 24), pues sostiene que la aplicación de medidas cautelares en el proceso penal debe ejecutarse de forma que respete tanto la naturaleza cautelar de esas figuras como los principios y derechos constitucionales que la envuelven, situación que será desarrollada a fondo en el título segundo de esta monografía.
Estableciendo la situación anterior como punto de partida, se plantea como problema de análisis el grave incremento de población carcelaria en los centros de reclusión en Colombia, como fenómeno que genera importantes violaciones a derechos humanos, derechos fundamentales y garantías mínimas de la población privada de la libertad, en atención a que el hacinamiento constituye el problema inicial (más grave y complicado) de las prisiones, tal y como ha venido siendo sostenido por Mendoza quien afirma que es una consideración amplia y generalizada desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia (2018, pp. 37-40).
La condición del país en la materia ha sido constantemente analizada por el sector doctrinal nacional, como es el caso de Mahecha Barajas y Gutiérrez Ramírez (2014, p. 3), quienes afirman que el hacinamiento de las prisiones en Colombia es problema alarmante, grave y de consecuencias intangibles (en sus términos, “nefastas”), que han conllevado a violaciones a los derechos humanos y constitucionales fundamentales de la población privada de la libertad , como grupo poblacional que ha sufrido cómo el orden normativo se incumple y no se ejecuta, considerándose víctimas de un sistema judicial colapsado y que no ofrece garantías a los administrados afectados.
En el marco de esta situación, así como reconociendo el deber ser del Estado (atendiendo el sistema político-Estatal colombiano), de apuntar a una política criminal de corte liberal que no se quede en hacer frente a la criminalidad sino que además resguarde y respete las garantías fundamentales y los derechos humanos de los administrados, que en palabras de Botero Bernal (2005) sea “elaborada” (p. 67), y que busque un sistema penal de corte liberal, crítico y limitante, es que se analiza, discute y critica el nivel tan grave de normalización al que se ha llegado en la imposición de medidas de aseguramiento preventivas en centros carcelarios que se expone con esta investigación.
Abstract
Despite the recognition of the exceptionality of the application of the deprivation of liberty measure in prison centers, it has become more of a regular imposition, almost now understood as a rule that, due to its indiscriminate application, has been affecting the procedural guarantees delimited in the Political Constitution, whose purpose is the protection of the right to freedom (understood as a fundamental guarantee), without neglecting the guarantee of due process without unjustifiable delays.
The consequence of the indiscriminate application of the deprivation of liberty security measures, with the sole pretext of guaranteeing the appearance of the accused subject at the different hearings of the criminal process, due to the permanence of the means of evidence or for the protection of the community, generates a visible violation of the legal and constitutional limitations regarding the application of the natural precautionary measures of the criminal process, thereby leading to a discretionary application by the respective Guarantee Control Judge, a situation that aggravates the suffering generated by overcrowding prison that the Republic of Colombia suffers.
This situation not only abolishes fundamental guarantees for the accused (since there is talk of insurance measures), but also fundamentally contradicts the natural postulates of the preventive insurance measure, which is not without limits, as Castro Martínez maintains. (2015, p. 24), since it maintains that the application of precautionary measures in the criminal process must be executed in a way that respects both the precautionary nature of these figures and the constitutional principles and rights that surround it, a situation that will be thoroughly developed in the second title of this monograph.
Establishing the previous situation as a starting point, the serious increase in the prison population in detention centers in Colombia is posed as a problem of analysis, as a phenomenon that generates significant violations of human rights, fundamental rights and minimum guarantees of the population deprived of the prison. freedom, considering that overcrowding constitutes the initial (most serious and complicated) problem of prisons, as has been maintained by Mendoza, who affirms that it is a broad and generalized consideration from the point of view of doctrine and jurisprudence (2018, pp. 37-40).
The condition of the country in the matter has been constantly analyzed by the national doctrinal sector, as is the case of Mahecha Barajas and Gutiérrez Ramírez (2014, p. 3), who affirm that the overcrowding of prisons in Colombia is an alarming, serious problem. and of intangible consequences (in their terms, “dire”), which have led to violations of the fundamental human and constitutional rights of the population deprived of liberty, as a population group that has suffered how the normative order is not complied with and is not executed. , considering themselves victims of a collapsed judicial system that does not offer guarantees to the affected companies.
Within the framework of this situation, as well as acknowledging the duty of the State (according to the Colombian political-State system), to point to a criminal policy of a liberal nature that does not stop at dealing with criminality but also safeguards and respects the fundamental guarantees and the human rights of the administered, which in the words of Botero Bernal (2005) is "elaborated" (p. 67), and which seeks a penal system of a liberal, critical and limiting nature, is that it is analyzed, discussed and criticizes the serious level of normalization that has been reached in the imposition of preventive security measures in prisons that is exposed with this investigation.
Idioma
spa
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Citación
Conde,F.(2022)La Medida De Aseguramiento Intramural En El Derecho Penal Colombiano. Implicaciones En El Hacinamiento Carcelario. Monografía posgrado Universidad Santo Tomas Tunja.
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