Garantía Fundamental del Debido Proceso en Colombia: Un Abordaje a la Luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Principios Constitucionales y Penales
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En el marco del constitucionalismo contemporáneo, el debido proceso se ha convertido en una de las garantías esenciales para frenar el poder del Estado y proteger de manera real los derechos humanos. No se limita únicamente a organizar
formalmente los procedimientos, sino que implica un conjunto de exigencias de fondo que buscan asegurar que cualquier actuación estatal que afecte derechos fundamentales esté debidamente justificada, sea razonable y respete la dignidad de las personas (Ferrajoli, 2011; Fix-Zamudio, 2004).
Desde la perspectiva del derecho penal, esta garantía cobra una importancia aún mayor, puesto que el poder del ius puniendi representa una de sus expresiones más fuertes del poder estatal. Desde la mirada del garantismo, la legitimidad del sistema penal dentro de un Estado constitucional depende en gran medida del respeto riguroso de ciertos límites jurídicos y valores fundamentales. Estos límites son los que evitan decisiones arbitrarias y garantizan que cualquier sanción se imponga mediante procedimientos justos, racionales y respetuosos de los derechos fundamentales (Ferrajoli, 2011; Zaffaroni et al., 2019).
En coherencia con lo anterior, el debido proceso no puede reducirse a un simple conjunto de reglas procedimentales. Más bien, debe entenderse como una garantía compleja que integra tanto una dimensión formal como una dimensión sustantiva. Esta idea ha sido desarrollada ampliamente por la doctrina y por los tribunales constitucionales e internacionales, que han señado que no basta con cumplir las formas del procedimiento si las decisiones del Estado no responden a criterios mínimos de justicia material, imparcialidad y proporcionalidad (Fix-Zamudio, 2004; Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2004).
Abstract
Within the framework of contemporary constitutionalism, due process has become one of the essential guarantees to curb state power and genuinely protect human rights. It isn’t just about formally organizing procedures; it also involves a set of substantive requirements aimed at ensuring that any state action affecting fundamental rights is properly justified, reasonable, and respects people's dignity (Ferrajoli, 2011; Fix-Zamudio, 2004).
From the perspective of criminal law, this safeguard becomes even more important, since the power of ius puniendi represents one of the strongest expressions of state power. From a guarantee-based viewpoint, the legitimacy of the criminal system within a constitutional state largely depends on the strict respect of certain legal limits and fundamental values. These limits are what prevent arbitrary decisions and ensure that any sanction is imposed through fair, rational procedures that respect fundamental rights (Ferrajoli, 2011; Zaffaroni et al., 2019).
In line with the above, due process cannot be reduced to a simple set of procedural rules. Rather, it should be understood as a complex guarantee that integrates both a formal and a substantive dimension. This idea has been widely developed by scholars and by constitutional and international courts, which have pointed out that it is not enough to follow the forms of the procedure if the State's decisions do not meet minimum standards of substantive justice, impartiality, and proportionality (Fix-Zamudio, 2004; Inter-American Court of Human Rights [IACHR], 2004).
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spa
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Citación
Camacho Dueñas, M. A. (2026). Garantía Fundamental del Debido Proceso en Colombia: Un Abordaje a la Luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Principios Constitucionales y Penales. [Trabajo de Doctorado, Universidad Santo Tomás].Repositorio Institucional
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