Viabilidad político criminal de la judicialización de las personas jurídicas por daño ambiental en Colombia a partir de la sentencia C-320 DE 1998

Cargando...
Miniatura

Autores

Rodríguez Caro, Juan Camilo
González Carreño, Monica Alejandra

Director

Enlace al recurso

DOI

ORCID

Google Scholar

Cvlac

gruplac

Descripción Dominio:

Título de la revista

ISSN de la revista

Título del volumen

Editor

Universidad Santo Tomás

Compartir

Documentos PDF

Descripción

En el contexto actual, el medio ambiente se consolida como un bien jurídico fundamental, no solo por su valor intrínseco, sino por su función esencial en la garantía y realización de otros derechos de rango constitucional, tales como la vida, la salud, el agua y la dignidad humana, su protección, por tanto, no puede entenderse como una cuestión meramente secundaria o instrumental, sino como un eje transversal dentro del ordenamiento jurídico que debe ser garantizado de manera integral y eficaz por parte del Estado, a pesar de los avances normativos en Colombia, que incluyen la existencia de mecanismos sancionatorios tanto en el ámbito administrativo como en el penal, la evidencia empírica muestra que tales mecanismos han resultado insuficientes para frenar la degradación ambiental, particularmente aquella derivada de las actividades industriales de las personas jurídicas. Es así como la estructura normativa actual contempla una serie de herramientas orientadas a la protección ambiental, entre ellas sanciones administrativas, medidas preventivas, acciones populares y eventualmente la configuración de tipos penales, sin embargo, estas respuestas jurídicas han demostrado una limitada capacidad disuasoria, especialmente cuando se enfrentan a infractores de gran escala económica y operativa, como lo son las corporaciones o empresas de naturaleza jurídica privada, estas entidades, en muchos casos, encuentran en la sanción pecuniaria un costo asumible dentro de su operación, sin que ello implique un cambio sustancial en sus prácticas o una real internalización del daño causado al ecosistema. En este panorama, se impone la necesidad de interrogar la pertinencia y viabilidad de incorporar, de manera expresa y eficaz, mecanismos de imputación penal contra personas jurídicas que incurren en afectaciones graves al ambiente, esta discusión no es novedosa a nivel global, pero múltiples debates, lo cierto es que sentó un precedente en cuanto a los límites constitucionales de la potestad punitiva del Estado frente a entes colectivos, a partir de dicho pronunciamiento, este proyecto pretende realizar un análisis detallado que permita identificar los límites sustanciales, temporales y espaciales que enmarcan la viabilidad de una reforma o reinterpretación que permita avanzar hacia una verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas por daño ambiental. El límite sustancial remite a los fundamentos materiales que justifican la intervención del derecho penal, considerando la necesidad de establecer si el daño ambiental ocasionado por una persona jurídica puede ser lo suficientemente grave y socialmente lesivo como para activar la más gravosa de las respuestas del ordenamiento jurídico, en este sentido, se evaluará si la atribución penal directa a personas jurídicas cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y lesividad que rigen la política criminal en un Estado social y democrático de derecho, igualmente, se examinará si el tipo de afectaciones ambientales provocadas por las actividades empresariales, que muchas veces son sistémicas, prolongadas en el tiempo y difíciles de revertir, pueden justificar una reacción penal más allá de la sanción administrativa. En cuanto al límite temporal, el proyecto contempla un análisis de la evolución normativa y jurisprudencial desde la emisión de la Sentencia C-320 de 1998 hasta la actualidad, evaluando si han existido cambios estructurales, doctrinales o legislativos que permitan reabrir el debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, esta revisión permitirá identificar posibles aperturas en el sistema jurídico colombiano que faciliten el tránsito hacia un modelo de imputación penal empresarial en materia ambiental, así como los obstáculos aún vigentes, tanto en el plano legal como en el doctrinal, en este punto se tendrán en cuenta los desarrollos recientes en derecho comparado y las recomendaciones de organismos internacionales sobre el fortalecimiento de la tutela penal del medio ambiente. Respecto al límite espacial, se analizarán las particularidades del contexto colombiano que hacen urgente una revisión del régimen de responsabilidad frente a daños ambientales causados por personas jurídicas, la existencia de regiones altamente afectadas por prácticas empresariales extractivas, la débil capacidad institucional en algunos territorios, los conflictos socioambientales y la alta concentración de poder económico en ciertos sectores industriales son factores que inciden en la necesidad de explorar nuevas herramientas de control penal, asimismo, se explorarán las tensiones entre el desarrollo económico, la inversión extranjera y la protección ambiental, con el sí reviste particularidades dentro del contexto colombiano, dada la estructura constitucional, los principios de legalidad penal y los criterios históricos de imputación penal individual que predominan en el sistema, es así como este trabajo de investigación se propone abordar, desde una perspectiva político-criminal, la viabilidad de la judicialización de las personas jurídicas por daño ambiental en Colombia, tomando como punto de partida la Sentencia C-320 de 1998 de la Corte Constitucional.

Abstract

Idioma

spa

Palabras clave

Citación

Licencia Creative Commons