La prueba de oficio en el sistema procesal penal colombiano
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2022-01-31
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
La estructura del proceso penal actual fue adoptada por el Acto Legislativo 03 de 2002, por medio del cual se modificó la Constitución Política, y fue desarrollada por la Ley 906 de 2004 en la que se adoptó un sistema de enjuiciamiento acusatorio, con
novedosas instituciones procesales y nuevos roles de las partes.
Para entender el sistema penal vigente, se precisa estudiar las modificaciones introducidas por el citado Acto Legislativo al procedimiento penal colombiano que regía, remarcando la constitucionalización del mismo, así como las principales
características del Sistema Penal Acusatorio, como lo es la adversarialidad de los intervinientes principales, como lo son la Fiscalía General de la Nación en su rol acusatorio y el procesado, escudando sus intereses a través de la defensa material y
técnica, a la luz de las Normas Rectoras y las Garantías Procesales. De allí que, las garantías procesales al interior del procedimiento penal encuentren aplicabilidad de principios acordes con dicho fin, como lo constituye el ámbito
probatorio de cada uno de los roles funcionalmente confrontados, el cual encuentra sustento normativo en la facultad constitucional de presentar pruebas y controvertir las que sean alleguen (1991, pág. 29), en consecuencia, el Juez como árbitro de la actuación, debe garantizar el principio de imparcialidad a efectos de que la decisión adoptada sea fuente del convencimiento probatorio obtenido a partir de su inmediación con la práctica probatoria durante la etapa de juicio, en razón de ello, se promueve la proscripción de la oficiosidad probatoria por el operador judicial, contemplada en el
artículo 361 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906, 2004).
A pesar de dicha prohibición estricta, la Jurisprudencia en Colombia ha admitido que excepcionalmente en casos específicos, puede el Juez decretar y ordenar la práctica de pruebas, por lo cual la presente investigación pretenderá determinar si la
consagración de dichas excepciones reafirma o desvirtúa los principios del sistema penal acusatorio establecido mediante el Acto Legislativo 003 de 2002. Desarrollar dicho contexto, incide en la necesidad de definir el alcance jurídico de la
excepción jurisprudencial a la norma, permitiendo un análisis certero en la aplicabilidad de la misma por parte del Juez de Control de Garantías.
Abstract
The structure of the current criminal process was adopted by Legislative Act 03 of 2002, through which the Political Constitution was modified, and was developed by Law 906 of 2004 in which an accusatory trial system was adopted, with
novel procedural institutions and new roles of the parties.
To understand the current criminal system, it is necessary to study the modifications introduced by the aforementioned Legislative Act to the Colombian criminal procedure that governed, highlighting its constitutionalization, as well as the main
characteristics of the Accusatory Penal System, such as the adversarialism of the main interveners, such as the Office of the Attorney General of the Nation in its accusatory role and the defendant, shielding their interests through material defense and
technique, in light of the Governing Rules and Procedural Guarantees.
Hence, the procedural guarantees within the criminal procedure find applicability of principles in accordance with said purpose, as is the evidentiary scope of each of the functionally confronted roles, which finds normative support in the constitutional power to present evidence and controvert. the
that they are alleguen (1991, p. 29), consequently, the Judge as arbitrator of the action, must guarantee the principle of impartiality so that the decision adopted is a source of the evidentiary conviction obtained from its immediacy with the evidentiary practice during the trial stage, for this reason, the
Prohibition of the informality of evidence by the judicial operator, contemplated in article 361 of the Code of Criminal Procedure (Law 906, 2004).
Despite this strict prohibition, the Jurisprudence in Colombia has admitted that exceptionally in specific cases, the Judge can decree and order the taking of evidence, for which the present investigation will seek to determine if the consecration of said exceptions reaffirms or distorts the principles of the system accusatory penal established by Legislative Act 003 of 2002.
Developing this context affects the need to define the legal scope of the jurisprudential exception to the norm, allowing an accurate analysis of the applicability of the same by the Guarantee Control Judge.
Idioma
spa
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Citación
Dueñas Vaca, A. M., López Cruz, D. E. (2022) La prueba de oficio en el sistema procesal penal colombiano [Tesis de maestría, Universidad Santo Tomas de Tunja]
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