Incumplimiento en la ejecución contractual frente a la inexistencia de garantías en los procesos de contratos interadministrativos
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Reina Cuellar, Mayra Ines
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Universidad Santo Tomás
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Descripción
La contratación Estatal, es un proceso a través del cual una entidad del Estado, bien sea de orden nacional, departamental o municipal, mediante adquisición de bienes o prestaciones de servicios y obras, procura el cumplimiento de los fines esenciales del Estado de manera efectiva para sus administrados. Dentro de las modalidades contractuales descritas es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993, donde por regla general la parte contratante es una entidad pública y el contratista es una parte privada, se rompe lo genérico en cuanto se trata del contrato interadministrativo, el cual se ubica en la categoría de contratación directa.
Los contratos interadministrativos tienen inmerso un deber de colaboración, si bien, son encaminados con el propósito del cumplimiento de los fines del Estado, tienen como característica que hay una utilidad de por medio, la cual se entrega como contraprestación para la entidad estatal que prestó sus servicios, realizó una obra, o vendió algún bien (entidad ejecutora/contratista); estos dos homólogos que si bien pueden ser de diferentes ordenes entre ellos, en donde una de las entidades Estatales funge como extremo contratante y el otro extremo se le denomina contratista, la cual deberá reunir unas características dentro de sus funciones que deben ser acordes al objeto contractual pactado; esta última será la encargada de la ejecución y se le asemejara a un particular.
Aunque se trate de entidades estatales no es ajena la posibilidad de que en el desarrollo del contrato puedan ocurrir circunstancias que impidan el correcto cumplimiento de sus obligaciones, es por ello que para mitigar y prevenir daños y detrimentos patrimoniales públicos, aparecen elementos potestativos de los cuales podrán hacer uso, a fin de lograr el cumplimiento del contrato, a través de sanciones por lo general de tipo económico, que ultimas es un elemento que busca constreñir al extremo contratista para efectuar la actividad contractual, como también penalizar los eventos donde se presenten incumplimientos, cumplimientos defectuosos o cumplimientos tardíos, herramientas que de acuerdo al ordenamiento jurídico relativo a contratación pública hoy es posible su uso directamente por parte de la entidad contratante.
Abstract
State contracting is a process through which a state entity, whether national, departmental, or municipal, acquires goods or provides services and works to effectively fulfill the essential purposes of the state for its constituents. Among the contractual modalities described is the General Statute of Public Administration Contracting - Law 80 of 1993, where, as a general rule, the contracting party is a public entity and the contractor is a private party. The generic nature of the contract is broken when it comes to inter-administrative contracts, which fall into the category of direct contracting.
Inter-administrative contracts are inherently bound by a duty of cooperation. Although they are designed to achieve the goals of the State, they are characterized by the fact that a profit is involved, which is delivered as compensation to the State entity that provided its services, carried out a project, or sold some good (executing entity/contractor); these two counterparts, which may be of different orders among themselves, where one of the State entities acts as the contracting party and the other is called the contractor, which must meet certain characteristics within its functions that must be in accordance with the agreed contractual object; the latter will be in charge of the execution and will be similar to a private individual.
Although these are state entities, it is not uncommon for circumstances to arise during the development of the contract that prevent the correct fulfillment of its obligations. Therefore, in order to mitigate and prevent damages and losses to public assets, there are optional elements that may be used to achieve compliance with the contract, through sanctions, generally of an economic nature, which is an element that seeks to constrain the contractor to carry out the contractual activity, as well as penalize events where non-compliance, defective compliance or late compliance occur, tools that, according to the legal system relating to public procurement, can now be used directly by the contracting entity.
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spa
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Reina Cuellar, M. I. (2025). Incumplimiento en la ejecución contractual frente a la inexistencia de garantías en los procesos de contratos interadministrativos. [Articulo académico, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional
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